Corría el año 1876 en los Estados Unidos de Colombia y las arcas del Estado estaban totalmente vacías. Desesperado por recaudar fondos tras una serie de guerras civiles, el gobierno de Aquileo Parra ideó uno de los impuestos más retorcidos y moralmente indefendibles de la historia americana: un gravamen obligatorio sobre la tenencia de seres humanos.
La medida establecía que cualquier ciudadano adulto y libre tenía el deber cívico de registrar esclavos bajo su propiedad. Lo verdaderamente alucinante es que si alguien decidía ser abolicionista y no poseía ninguno, el Estado lo multaba severamente por evadir el impuesto, obligando a los libres a comprar personas solo para cumplir con la ridícula burocracia fiscal.
Aunque la esclavitud había sido abolida formalmente en el país en 1851, los vacíos legales y el caos administrativo permitieron que esta treta sobreviviera en los rincones más oscuros de la hacienda pública. El resultado fue un escándalo político monumental que forzó la derogación inmediata de la norma ante la repulsión generalizada de la sociedad.
"Paradójicamente, el gobierno recaudó más dinero cobrando multas a los ciudadanos que se negaban a tener esclavos que por el impuesto real de propiedad sobre los mismos."
