A principios de 1854, las arcas de México estaban en la ruina absoluta tras décadas de guerras y despilfarro. En el poder se encontraba el general Antonio López de Santa Anna, quien acababa de autoproclamarse «Su Alteza Serenísima» y necesitaba financiar desesperadamente su corte imperial y un ejército gigantesco. En lugar de recortar gastos, el dictador recurrió a una de las ofensivas fiscales más disparatadas del continente: promulgó edictos que cobraban tributo por cada puerta, ventana exterior y perro doméstico que existiera en las ciudades del país.
El impacto en la vida cotidiana fue inmediato y dantesco. La ley tasaba cada ventana hacia la calle con cuotas que iban de dos a cuatro reales mensuales, mientras que poseer un perro costaba un peso, salvándose únicamente los animales guía de personas ciegas. Para eludir a los inspectores del fisco, miles de ciudadanos tapiaron sus ventanas con cal y ladrillo de la noche a la mañana, dejando barrios enteros convertidos en oscuros mausoleos sin ventilación. Al mismo tiempo, las familias que no podían sostener el gravamen canino sacrificaron o abandonaron en masa a sus mascotas, llenando las calzadas de la capital con jaurías desnutridas y brotes de rabia.
La asfixia dentro de las viviendas y la humillación colectiva terminaron por quebrar la paciencia de una nación exhausta. El descontento popular por el encierro a oscuras y el despojo fiscal alimentó de inmediato las filas de la insurrección armada bajo el Plan de Ayutla. Apenas año y medio después de tasar la luz natural, la furia desatada por este absurdo tributo expulsó definitivamente a Santa Anna del poder en 1855, cerrando para siempre la era de las dictaduras caudillistas en el país.
"La única excepción formal para no pagar por las ventanas abiertas era demostrar clínicamente que dentro de la habitación vivía un enfermo en fase terminal que requería aire fresco."
