A finales del siglo XVIII, el Imperio español estaba ahogado en deudas militares y concibió una de las medidas fiscales más extravagantes del continente americano. El 10 de febrero de 1795, el rey Carlos IV promulgó el Arancel de Gracias al Sacar, una lista de precios oficial mediante la cual cualquier súbdito podía comprar privilegios legales reservados a la élite. Lo más desconcertante de la ley residía en su tarifa de pureza de sangre: se fijó un precio exacto para borrar legalmente el origen mestizo, indígena o afrodescendiente de una persona, convirtiéndola formalmente en 'blanca' mediante un recibo de tesorería.
El trámite costaba 500 reales de vellón para dispensar la condición de 'pardo' y 800 reales para la de 'quinterón'. La élite criolla de América Latina, obsesionada con el sistema de castas, colapsó en pánico ante la idea de que los ricos sin linaje compraran títulos nobiliarios y acceso a universidades. En Caracas, el escándalo estalló cuando el médico mulato Diego Mejías Bejarano pagó la tarifa real para que su hijo pudiera estudiar medicina y vestir como un hidalgo. El Cabildo colonial montó en cólera y envió furiosas cartas a Madrid, argumentando que la venta de blancura socavaba el orden sagrado del imperio.
Lejos de frenar la medida, la Corona continuó cobrando el arancel a cambio de cédulas de blanqueamiento a lo largo de todo el continente. Esta desesperada codicia tributaria rompió para siempre el pacto tácito entre los aristócratas criollos y la monarquía borbónica. Al comprobar que el monopolio del poder social dependía de un sello real vendido al mejor postor, las élites locales comenzaron a conspirar en secreto, transformando el resentimiento por aquel impuesto absurdo en la mecha definitiva que encendió las guerras de independencia pocos años después.
"La tarifa colonial era tan absurdamente meticulosa que incluso permitía pagar 1.000 reales para ser tratado formalmente con el título de 'Don' sin poseer tierras ni abolengo."
