A inicios de 1854, con las arcas nacionales vacías tras dilapidar la venta del territorio de La Mesilla en fiestas y uniformes ceremoniales, Antonio López de Santa Anna promulgó en México una de las medidas fiscales más extravagantes del continente. Mediante decretos emitidos entre enero y febrero, el autócrata autoproclamado «Su Alteza Serenísima» impuso un gravamen obligatorio sobre cada puerta y ventana de las viviendas particulares, sumando además un cobro específico de un peso anual por cada perro doméstico. El decreto no hacía excepciones para conventos ni chozas precarias, exigiendo placas de metal numeradas para las mascotas y fiscalizando el ingreso de la luz solar.
La respuesta ciudadana transformó el paisaje urbano en cuestión de días. Brigadas de comisarios y soldados comenzaron a patrullar las calles de Ciudad de México y Puebla con libretas en mano, contando balcones, tragaluces y respiraderos mientras las familias tapiaban con adobe y ladrillo sus propias fachadas para evitar la bancarrota. En los barrios populares, la imposibilidad de pagar el tributo desató una ola de sacrificios y abandono masivo de animales, al tiempo que inspectores allanaban zaguanes intentando atrapar a dueños que ocultaban a sus perros bajo techos falsos para evadir la recaudación.
Lejos de llenar las arcas, la grotesca medida se convirtió en la gota que derramó el vaso social y político. La indignación popular alimentó con furia las filas rebeldes del Plan de Ayutla, detonando una revolución armada en todo el país que obligó a Santa Anna a huir al exilio definitivo en agosto de 1855. El insólito impuesto fue derogado de inmediato por el nuevo gobierno liberal, dejando como testimonio histórico decenas de casas coloniales que conservaron sus ventanas clausuradas durante décadas como cicatriz del capricho fiscal.
"El decreto fijaba tarifas escalonadas para las ventanas según la categoría de la calle, castigando con la tasa más alta a quienes vivían frente a plazas públicas aunque mantuvieran las persianas cerradas."
